Actualidad del Observatorio Español de la Economía Social

28/02/2024

Hispacoop publica un estudio sobre buenas prácticas de comunidades energéticas, con ejemplos de seis comunidades en forma de cooperativa

La Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispacoop) ha publicado el estudio ‘Buenas prácticas en materia de comunidades energéticas’, en el que ofrece una orientación detallada sobre las prácticas óptimas para establecer comunidades energéticas que adopten la estructura cooperativa. Este enfoque se origina en el reconocimiento del creciente papel de las comunidades energéticas en el sector eléctrico, donde la modalidad cooperativa se presenta como una opción ideal para formalizar estas entidades jurídicas. El estudio ha sido elaborado por las profesoras Mª José Vañó Vañó, directora del IUDESCOOP – Universitat de València (UV) y del proyecto de Investigación POWERCOOP, y Elisabet González Pons, profesora de Derecho Mercantil de la UV.

Según recuerdan las autoras, el acceso a la energía constituye un derecho fundamental, tal y como se establece en el Pilar Europeo de Derechos Sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea el 17 de noviembre de 2017. Este derecho implica que “todos los individuos deben tener acceso a servicios energéticos esenciales, considerando la energía como un elemento crucial para la calidad de vida y la estabilidad social en nuestra era”. La energía, por tanto, es percibida no solo como un producto de consumo, sino también como un bien económico y social vital para la dignidad humana.

Además, la sostenibilidad energética implica no solo depender de fuentes renovables, sino también asegurar su acceso equitativo, especialmente en comunidades y países con menos recursos. La falta de acceso energético puede ser un gran obstáculo para enfrentar desafíos globales, al limitar servicios esenciales como la electricidad en instalaciones de salud, el acceso a agua potable y la conectividad. “En este sentido”, -afirman las autoras- “es prioritario enfocar esfuerzos en los grupos más vulnerables, incluyendo consideraciones de género y la vulnerabilidad de las mujeres, como se destaca en diversos informes y estudios sobre género y cambio climático”.

El informe incluye un primer examen exhaustivo de la legislación europea relevante para las comunidades energéticas, en particular las Directivas 2018/2001 y 2019/944. Estas directivas definen y regulan las “Comunidades de Energía Renovable” (CER) y las “Comunidades Ciudadanas de Energía” (CCE), y establecen la responsabilidad de los Estados miembros de facilitar un marco legal propicio para su desarrollo.

Por la evolución de las normativas en este campo, el estudio se adentra también en la legislación española vigente y proyectada específicamente para las comunidades energéticas. Además, dado el enfoque particular del estudio en la fórmula cooperativa, se realiza un análisis detallado de la normativa cooperativa española para determinar su influencia en la formación de dichas comunidades.

Por último, el estudio se enriquece con el análisis de seis ejemplos de comunidades energéticas configuradas como cooperativas, explorando sus principales diferencias y similitudes. Las seis cooperativas analizadas son Nafarkoop, La Corriente, Cooperativa eléctrica Alginet, Som Energia, Nosa Galicia y Energética.

Su análisis proporciona la base para que la sección final del estudio ofrezca recomendaciones prácticas dirigidas a aquellos grupos interesados en formar su propia comunidad energética.

El estudio ha sido realizado con el patrocinio del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

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